La derecha en ofensiva.

Con la creciente crisis económica en el país, se ha agudizado la polarización entre los sectores que tienen poder económico y los que no. El tiempo de hacer grandes reformas sociales y económicas ha llegado. El momento de decir adiós al sistema de gobierno—que ayudó cuando sólo había brecha para crecer, pero que ya no provee para más—ha llegado. Con ello, lamentablemente, ha llegado el resurgir de las posturas derechistas por parte de sectores económicamente dominantes en busca de mantener su integridad económica.

Lejos de proveer alternativas que promuevan un mayor balance en la repartición del capital, lo cual debería ser una reacción casi instintiva en el deber patriótico de buscar el bien común y la supervivencia colectiva, dicho sector esta ciegamente aferrado a sus intereses, poniendo al borde del colapso la estructura social y económica del país. El resultado es una situación en la que el centro se ha quedado solo y quienes no apoyan la política del gobierno de proteger los intereses de los “más afortunados que tú y que yo”, lo repudian con todas las fuerzas. Se ha creado entonces una atmósfera que prácticamente ha formado dos equipos en directa confrontación. Nada de titubeos ni de disfrazar acciones o expresiones, esto es una guerra declarada que parece decir: “Ustedes son pobres, no valen nada, no tienen poder, aquí mando yo, peleen lo que quieran que yo haré lo que yo quiera porque lo mío no me lo quita nadie.”

Esa directa confrontación que la derecha ha armado contra el país, se puede entender a raíz de la hegemonía que finalmente ha alcanzado esta. Tienen control del ejecutivo con nada menos que un gobernador de tendencias republicanas a veces tan conservadoras que casi quedarían fuera de la clasificación. Tienen un control masivo de la legislatura en donde ni si quiera quedan voces de izquierda como acostumbraba ser cuando el PIP ocupaba un escaño en cada Cámara. A conveniencia (excepto dos o tres), legisladores del PPD se alinean con la izquierda cuando están en minoría, aunque en algunas ocasiones asumen una postura “light”. También tienen las alcaldías—que extienden la política pública estatal hacia la municipal—dominadas por un sector altamente derechista. Finalmente, y lo cual me parece que es lo peor, el poder judicial está dominado peligrosamente por jueces con visiones conservadoras y a veces reaccionarias que ya podemos observar en decisiones del Tribunal Supremo que han revocado casos que ampliaban derechos y se encaminan a continuar este patrón de interpretación reduccionista, alterando el estado de derecho negativamente.

Así las cosas, la derecha hoy no contempla ninguna consideración a la hora de decir lo que pretenden hacer. Simplemente actúan como mejor les convenga, pues no hay estructura gubernamental que los cuestione. Hemos sido testigos por nueve meses, que podrían parecer siglos, de una ofensiva abierta y sumamente activa por parte de los sectores derechistas de nuestro país, quienes no creen en los derechos de los obreros, no creen en la protección del ambiente, no creen en el bienestar familiar y no creen en muchas otras cosas que creemos los que tenemos sentido común y nos preocupamos tanto por nosotros, como por el prójimo. En fin, sectores que con su visión personalista, pretenden acumular la mayor cantidad de poder posible, con el fin de tener ventaja en ese proceso desigual.

Su momento llegó, y lo están aprovechando al máximo. Comenzaron con la Ley 7, una ley dirigida a debilitar económica y moralmente al sector obrero del país. No solamente eso, sino que también está dirigida a poner al gobierno en condiciones de privatizar los servicios que ofrece. Mientras quedan cesanteados empleados, la ley provee para que empresas privadas puedan ser subcontratadas para cubrir los servicios que los despedidos ofrecían (ver aquí). ¡Vaya ahorro! A su vez, esta ley pretende dejar en un estado de vulnerabilidad al obrero poniendo sus condiciones de empleo en lo precario; el sueño de todo empresario neoliberal. Pone en suspenso la negociación colectiva, pone en suspenso la ley de personal, pone en suspenso los convenios ya negociados, pone en suspenso los aumentos de salario… bajo la justificación de que estamos en crisis, aunque irónicamente eso crea una crisis mayor.

Otro indicador de políticas de derecha lo son las Alianzas Publico Privadas. Descabelladamente pretenden impulsar una de las políticas más repudiadas administración por administración desde hace 20 años, a saber, la privatización, sólo que esta vez lo plantean por vía estatutaria como política pública oficial de la administración. Este concepto republicano se ha probado inútil en su ejercicio por otras jurisdicciones y lo trae esta administración como si fuera algo novel.

Como si fuera poco, nuestro ambiente se verá adversamente afectado por el casi aprobado proyecto de ley que reforma el sistema de permisos. Esta nueva ley, crea un sistema totalmente nuevo que pone casi en total control del ejecutivo la otorgación de permisos, ya que sólo deja que ocurra la revisión judicial por vía de certiorari al Tribunal Supremo, además de que crea mayor vulnerabilidad a la corrupción en cuanto a permisos, si se compara con el sistema actual que ya es muy vulnerable. Adicional, el proyecto busca dejar sin legitimación para llevar pleitos legales a muchas personas que actualmente pueden hacerlo.

Ante todos estos y muchos más asuntos, ahora también pretenden intimidar y criminalizar a las personas que queremos luchar en contra de estas políticas atropellantes. El Secretario de la Gobernación, un personaje que muchos pensábamos que era sólo parte de un triste episodio del pasado, regresa a la vida pública como abanderado de tropa y escudo del Gobernador. Viene a quemarse en nombre de Fortuño, sólo para quienes crean que sus expresiones no son suscritas por el Gobernador. Acusa al movimiento obrero de ser terrorista, lo que a su vez significa acusar de lo mismo a todos quienes nos oponemos al abuso. Rodríguez Ema va más allá, su intención es intimidar a las personas para que no se unan ni se solidaricen aduciendo a que se arrestará y se procesará con todo el rigor de la ley a quien entorpezca el curso de los abusos que están cometiendo. No cabe duda de que esto es una ofensiva clara y contundente por parte de quienes favorecen ideas de extrema derecha características de movimientos que han dejado saldos negativos a la humanidad.

Para culminar—pues son tantas las cosas que se pueden plantear, que se extendería demasiado este escrito—sólo quiero dejar claro que no debemos dejarnos intimidar y que este es el momento de dejarle saber a este gobierno que estamos en Puerto Rico, que aquí hay coraje y que el que intente dividirnos o intimidarnos como la administración Bush hizo con los estadounidenses, se equivoca. En Puerto Rico al pueblo se respeta y el que piense que podrá atropellarnos como le venga en gana sin que esto tenga consecuencias, que lo vuelva a pensar. ¡Cero tolerancia al terrorismo del estado! ¡Puerto Rico despertó! ¡Puerto Rico está de pie!

por Alvin B. Rodriguez Lynch