http://www.elnuevodia.com/columna-eltamanodelaasamblea-690110.html
22-Abril-2010
JAVIER LAMBOY
Que las asambleas estudiantiles se hagan en el Choliseo! Ese es el nuevo reclamo de los eternos detractores del movimiento estudiantil.
¡Que las asambleas estudiantiles se hagan en el Choliseo! Ese es el nuevo reclamo de los eternos detractores del movimiento estudiantil. Nuevamente surgen voces contra el proceso democrático universitario. Voces parcializadas con desconocimiento total del proceso deliberativo en la UPR. Peor todavía: quienes cuestionan los procesos universitarios son los mismos que nos impusieron legisladores en procesos menos representativos, monopolizando la democracia puertorriqueña.
El 7 de junio de 2009, el PNP reunió a sus delegados a una elección especial para llenar la vacante del hoy acusado Jorge de Castro Font. En dicha “elección especial” se “eligió” a Melinda Romero como senadora por acumulación. Ahora bien, es necesario preguntar a aquellos opositores del movimiento estudiantil si los argumentos de no representatividad de las asambleas estudiantiles aplican a la elección de legisladores por un grupo minúsculo de delegados de un partido político.
El Recinto de Río Piedras cuenta con 19,000 estudiantes aproximadamente. De estos, a la pasada asamblea general acudieron 2,500 estudiantes aproximadamente. Tenemos, pues, que a la asamblea en la que se decretó el paro de 24 horas acudieron un total del 13.2% de la matrícula oficial del Recinto.
Puerto Rico, por su parte, cuenta con 3.8 millones de habitantes. De estos, un gran total de 4,900 componen la Asamblea de delegados del PNP. Es decir, un 0.1% del total de la población eligió a Romero Donelly como legisladora.
No se trata de establecer quiénes son menos democráticos. Se trata de condenar la utilización de la tradicional doble vara para deslegitimizar procesos estudiantiles sin la fuerza moral para ello. Se trata de la intromisión de entes verdaderamente ajenos a la UPR, utilizando todos los medios para formar el “bembé” político en la Universidad. Ciertamente, con un 13.2% nos encontramos mucho más representados como estudiantes, que con un 0.1% como ciudadanos.
Después de todo, nosotros nos veremos en el paro y una nueva asamblea de delegados del PNP nos escogerá un nuevo representante por acumulación.
Saturday, April 24, 2010
Friday, April 2, 2010
Fiscalización y Minorías
http://www.elnuevodia.com/voces/694044/
01-Abril-2010
AMARIS TORRES RIVERA
Hace unos días la presidenta de la Junta de Síndicos de la UPR publicó una columna criticando recientes manifestaciones en el Recinto de Río Piedras. Esta lucha de la comunidad universitaria surge de una legítima preocupación al anunciarse una serie de medidas debido a una crisis presupuestaria de alrededor de $100 millones que afectará adversamente nuestra educación pública.
Ante un inminente daño producto de una crisis fiscal, que se perpetúa en un discurso utilitarista, la comunidad universitaria se levanta y reclama sus derechos como parte integral del sistema. Más allá de imputaciones equívocas de anarquismo, lo que se reclama en la UPR es el derecho a ser escuchados. No puede tacharse de anarquista a quien reclama mayor participación en decisiones que afectan de manera directa y adversa el sistema público universitario. Tampoco es anarquismo reivindicar el derecho a tener acceso a información que evidencie la crisis presupuestaria y los criterios utilizados para seleccionar ciertas medidas drásticas y no otras.
Lo anunciado hasta ahora presenta graves problemas de accesibilidad a presentes y futuros estudiantes universitarios. Si bien estamos ante una institución pública, las soluciones parecieran dirigirse a caminos que facilitan modelos de estructura corporativos y privatización bajo el supuesto de subsanar una crisis fiscal.
Pedirle al pueblo que descanse en la fe, confianza y tranquilidad de lo que decida la Administración, persigue disuadir la fiscalización como derecho y deber de todo ciudadano y ciudadana, al igual que miembros de la comunidad universitaria, de conocer y expresarse sobre asuntos que atañen esta institución.
Así, es fundamental reconocer el rol activo de grupos pertenecientes a la comunidad universitaria, que aunque algunos cataloguen como “minorías” carentes de legitimidad, ejecutan una función fiscalizadora vital.
Debemos preguntarnos si la Junta de Síndicos de la UPR, independientemente de su autoridad legal, puede en realidad reclamar mayor representatividad de los intereses universitarios, que los cerca de 500 manifestantes ejerciendo su derecho a la libertad de expresión frente a la Torre del Recinto de Río Piedras el 11 de marzo.
Por último, ¿y qué si al final se tratara de minorías? Una sociedad democrática y pluralista se nutre precisamente de sus minorías. Recordemos que para superar el discurso excluyente de minorías, el ordenamiento jurídico cuenta con preceptos, como la igual protección de las leyes, que procuran salvaguardar estos derechos ante sectores mayoritarios.
Al fin, las minorías también son importantes porque forman parte esencial de la comunidad, de la sociedad y del país. ¿No les corresponde precisamente a éstas el principal deber de fiscalizar en un sistema democrático?
01-Abril-2010
AMARIS TORRES RIVERA
Hace unos días la presidenta de la Junta de Síndicos de la UPR publicó una columna criticando recientes manifestaciones en el Recinto de Río Piedras. Esta lucha de la comunidad universitaria surge de una legítima preocupación al anunciarse una serie de medidas debido a una crisis presupuestaria de alrededor de $100 millones que afectará adversamente nuestra educación pública.
Ante un inminente daño producto de una crisis fiscal, que se perpetúa en un discurso utilitarista, la comunidad universitaria se levanta y reclama sus derechos como parte integral del sistema. Más allá de imputaciones equívocas de anarquismo, lo que se reclama en la UPR es el derecho a ser escuchados. No puede tacharse de anarquista a quien reclama mayor participación en decisiones que afectan de manera directa y adversa el sistema público universitario. Tampoco es anarquismo reivindicar el derecho a tener acceso a información que evidencie la crisis presupuestaria y los criterios utilizados para seleccionar ciertas medidas drásticas y no otras.
Lo anunciado hasta ahora presenta graves problemas de accesibilidad a presentes y futuros estudiantes universitarios. Si bien estamos ante una institución pública, las soluciones parecieran dirigirse a caminos que facilitan modelos de estructura corporativos y privatización bajo el supuesto de subsanar una crisis fiscal.
Pedirle al pueblo que descanse en la fe, confianza y tranquilidad de lo que decida la Administración, persigue disuadir la fiscalización como derecho y deber de todo ciudadano y ciudadana, al igual que miembros de la comunidad universitaria, de conocer y expresarse sobre asuntos que atañen esta institución.
Así, es fundamental reconocer el rol activo de grupos pertenecientes a la comunidad universitaria, que aunque algunos cataloguen como “minorías” carentes de legitimidad, ejecutan una función fiscalizadora vital.
Debemos preguntarnos si la Junta de Síndicos de la UPR, independientemente de su autoridad legal, puede en realidad reclamar mayor representatividad de los intereses universitarios, que los cerca de 500 manifestantes ejerciendo su derecho a la libertad de expresión frente a la Torre del Recinto de Río Piedras el 11 de marzo.
Por último, ¿y qué si al final se tratara de minorías? Una sociedad democrática y pluralista se nutre precisamente de sus minorías. Recordemos que para superar el discurso excluyente de minorías, el ordenamiento jurídico cuenta con preceptos, como la igual protección de las leyes, que procuran salvaguardar estos derechos ante sectores mayoritarios.
Al fin, las minorías también son importantes porque forman parte esencial de la comunidad, de la sociedad y del país. ¿No les corresponde precisamente a éstas el principal deber de fiscalizar en un sistema democrático?
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