Wednesday, October 28, 2009

Al Son de la Plena

Por Christine Fuentes


En estos tiempos de atropello por parte del gobierno actual de nuestro país, los estudiantes del CAED (Comité de Acción de Estudiantes de Derecho) entre tambores y panderetas realizaron una manifestación al son de la plena en la tarde de ayer. Dicha manifestación, más allá repudiar las políticas públicas adoptadas por el país, hizo un llamado a la sociedad, en específico, al estudiantado a tomar conciencia y acción sobre la situación actual del país. Como dice uno de los versos “No nos podemos esconder todo el día en la biblioteca. Este pueblo necesita estudiantes más alertas.”


Recitando las noticias del día y satirizando a los políticos locales con cánticos como “De Milhouse cambió a Pinocho y a 20 mil despidió...” los estudiantes de Derecho dejaron saber que la plena aun sigue viva y presente en la cotidianidad puertorriqueña. Como lo fue en un pasado, la plena hoy en dia sigue siendo un mecanismo de expresión que no tan solo manifiesta la memoria comunitaria que enlaza la historia y la actualidad, sino que además detalla las ironías y dolores del pueblo.

Durante los 40 minutos que duró la manifestación me di la tarea de observar a mi alrededor. Al así hacerlo noté los rostros de alegría y entusiasmo de mis compañeros de clase, de la facultad y del personal docente que se encontraban presentes. Lo que un momento dado ocasionó ansiedad y tal vez preocupación- porque hay que ser ciego para no darse cuenta de las caras de susto de algunos miembros de la facultad al ver a un grupo de estudiantes con camisas violetas reunidos en una esquina- pasó a ser un gran festejo donde los estudiantes, sin importar ideologías religiosas, clases sociales o preferencias sexuales, se unieron al son de la plena.

Son manifestaciones como éstas las que nos definen como estudiantes y más allá de eso como puertorriqueños.

*Foto por Regina Rodríguez Manzanet

Wednesday, October 21, 2009

La estadidad olvidada

Por Anibal Nuñez

El movimiento estadista ha existido por años con una lucha ideológica interna. La lucha se refiere a qué principios regirán la política pública del partido que auspicie la anexión como relación política con los EE. UU. y como mecanismo de descolonización. Desde sus comienzos el movimiento anexionista ha aspirado a un fin dual: por un lado, la estabilidad económica mediante el acceso al mercado económico de mayor crecimiento; y, por otro lado, control sobre ciertos asuntos estatales tradicionalmente deferidos a los estados por el gobierno federal. A este segundo punto volveremos más adelante.

La pequeña burguesía de siglo XIX, a través de la descolonización de España, anhelaba propulsar la producción agrícola y convertir a Puerto Rico en un enlace norteamericano con el continente europeo. Otros anexionistas de la época buscaban promover la democratización del pueblo puertorriqueño y la integración del llamado “sueño americano”, donde se derriban las limitaciones al movimiento entre clases sociales.

Dando un salto significativo, el movimiento estadista posterior a la invasión norteamericana en Puerto Rico, el principal partido propulsor de la estadidad era el Partido Republicano. Liderado por José Celso Barbosa, el republicanismo del partido se apartaba millas de la acepción moderna de "republicano". El anexionismo de Barbosa despertó el sentimiento estadista en sectores tradicionalmente desaventajados. Estos sectores, como mencioné anteriormente, vieron en la estadidad la oportunidad plausible de cambiar de clase social y salir de la pobreza. Poco sabían estos sectores que casi un siglo después sería el mismo movimiento estadista quien les niegue la posibilidad de movilidad social. El Partido Republicano de Barbosa se dirigía por una visión populista que promovía los derechos individuales y otras posturas de liberalismo que identificaban a los EE. UU. Barbosa dijo lo siguiente en su artículo llamado Conversación Familiar de 1907:

"El cariño por el pedazo de tierra donde nacimos es independiente de la reflexión; reside en el corazón humano…pero tal afecto no podría ser considerado un patriotismo fructífero si se limitara al instinto y no se cultivara para convertirlo en patriotismo inteligente, en convicción racional, en principio.
….
Y así, siendo una consecuencia de nuestra asociación con el pueblo americano el poseer el suelo donde nacimos, el poseer todos los derechos de ciudadanos libres y el tener leyes nuestras, ¿qué tiene de sorprendente que este conjunto despierte el patriotismo inteligente y reflexivo de que antes hablábamos, perfectamente compatible en lo que tenga de americano y en lo que tenga de Puertorriqueño? No sólo es patria la tierra donde se nace. Nuestras libertades y derechos son patria también".


Vemos, pues, como Barbosa apelaba al patriotismo de la época para convencer al pueblo que las libertades y derechos que llegaron con los americanos, que no existían bajo la colonización española, eran también patria. Anhelaba Barbosa que no se sintieran menos puertorriqueños y puertorriqueñas quienes fueran anexionistas, pues lo que buscaban era asegurar el bienestar de sus compatriotas y no existía nada más patriótico que buscar la felicidad del pueblo.

En su artículo llamado El Problema del Color, publicado en 1909, Barbosa introduce el concepto de lucha unificada que trasciende el asunto de la relación política entre Puerto Rico y los EE. UU. Decía Barbosa lo siguiente:

"El problema del color no puede existir en Puerto Rico, cualquiera que sea el status político que, como finalidad, adopte el Congreso de los Estados Unidos para esta isla.
….
El problema sólo puede surgir por la voluntad del pueblo puertorriqueño.

El elemento de blanco o el de color serán en nuestro país, los únicos responsables, si tal problema viene sobre el tapete".

Barbosa presenta en este artículo la posibilidad de que el pueblo puertorriqueño, irrespectivo de lo que suceda en los EE. UU., pueda sublevarse y trascender las barreras que pueda imponer la ideología de estatus. Sugiere inclusive que el pueblo puertorriqueño es capaz de trascender cualquier decisión o política pública que imponga el Congreso sobre Puerto Rico. Dice Barbosa que hay ciertos elementos que sólo los puertorriqueños y las puertorriqueñas podrían convertirlos en un problema.

Con esto en mente, el anexionismos de Barbosa argumentaba que el pueblo de Puerto Rico podía ver a la estadidad como una extensión de su patriotismo instintivo, más no un nuevo patriotismo. Este patriotismo extendido, o inteligente y reflexivo como Barbosa le llamaba, surge de la búsqueda de la felicidad y de los derechos individuales que promueve el liberalismo norteamericano. Además, el Barbosismo proponía la unificación del pueblo en ciertos asuntos y elementos en donde no había lugar para la influencia externa. Como el problema del color, Barbosa ve a las libertades civiles, las mismas que usa para defender su patriotismo inteligente, como esos elementos donde los puertorriqueños y puertorriqueñas no pueden ser víctimas de influencia externa y sólo será un problema o asunto estatal si internamente así lo queremos. Más aún, el pueblo puertorriqueño debe dar un paso más allá y asegurar la igualdad que busca mediante la estadidad en todos los aspectos de la vida cotidiana boricua, por ejemplo, la igualdad racial. Por tanto, no es cónsono con la estadidad de Barbosa limitar otras libertades civiles que tienen los ciudadanos y ciudadanas, pues no es cónsono con el ideal de igualdad y hegemonía al que aspiraba su anexionismo. Es por esta razón que hay una estadidad, la estadidad del pobre, que ha sido olvidada en tiempos modernos. Han coartado el sueño americano y la esperanza de la movilidad social. Políticas neoliberales que promueven la división social y procesos de elitización producen una separación social que trasciende el ideal anexionista. Es la pesadilla de Barbosa, que la estadidad sea el mecanismo de la burguesía industrial para lograr estabilidad del capital, o sea, que el capital se quede donde está. Otras políticas que coartan derechos individuales, como el derecho a la libertad de expresión, intimidad, protesta, propiedad y a la asociación, no son cónsonas con la igualdad a la que aspiraba el doctor Barbosa y la protección de los sectores desaventajados, protección que profesaba cada tarde de 1:00 p. m. a 4:00 p. m., en la calle San Francisco, al ofrecer “consultas gratis para los pobres”.

Los revolucionarios, rebeldes y terroristas de la UPI

Por Christine Fuentes



Desde el siglo pasado los estudiantes de la UPR del Recinto de Río Piedras se han dado a conocer por su coraje e intolerancia por la injusticia. A través de la historia el estudiantado ha utilizado el mecanismo de la protesta para dejar sentir su descontento con las decisiones tomadas por el Gobierno de turno o la Administración Universitaria.

La lucha en reclamo a un régimen más justo y equitativo se remonta al año 1919 donde estudiantes en repudio a medidas disciplinarias y contra la intervención de Estados Unidos en Puerto Rico, salieron a la calle a protestar. Dos años mas tarde en el 1921, los estudiantes nuevamente salen a protestar, esta vez por la situación colonial del país. De igual forma en el 1933 y 1938, los estudiantes realizan una protesta por el estilo administrativo autoritario. En el 1948 protestan en oposición por nombramiento del gobernador Tugwell a la rectoría de la UPR, cuando el rector Benítez les denegó el permiso de uso del teatro para una charla con el doctor Pedro Albizu Campos, recién llegado a Puerto Rico luego de estar encarcelado en Estados Unidos. En el 1960 protestan exigiendo que el ROTC sea voluntario. En el 1981 por alza del costo de las matrículas que se volvió a repetir en el 2004, y así sucesivamente. Por los próximos 85 años el Recinto de Río Piedras fue el centro de huelgas y protestas en repudio a políticas públicas y administrativas del país.

Han sido estas manifestaciones las que le han otorgado una “reputación” a los estudiantes de la UPI. Para muchos no somos mas que rebeldes, revolucionarios y hasta terroristas. Pero me pregunto: ¿Acaso no son los universitarios los que salen a las calles en defensa del Pueblo cuando hay una crisis en el país? ¿No somos nosotros los que luchamos por que las voces de aquellos que son ignoradas sean escuchadas?

Si luchar por una reforma social nos hace revolucionarios. Si ejercer nuestro derecho a la libre expresión nos hace terrorista. Si protestar contra las opresiones del gobierno en busca de un mejor régimen social nos hace unos rebeldes. Entonces todos los puertorriqueños somos terroristas, rebeldes y revolucionarios por hacer valer nuestros derechos y atrevernos a salir a la calle a protestar.

Es por eso que mañana jueves 15 de octubre , en honor a nuestra historia salgo a la calle para como aquellos que estuvieron antes que yo, hacer escuchar mi voz; la voz del Pueblo.

Por último, no debemos olvidar el nexo histórico que tenemos con nuestros antecesores. Los estudiantes de la UPR nunca se dan por vencidos. Luchan hasta ser escuchados y posibilitan el diálogo y el cambio social y político. No expresarse es socavar nuestro derecho y dar a entender que estamos de acuerdo con la política pública del país. Después de todo tenemos una reputación que proteger.

*Foto por Regina Rodríguez Manzanet

Saturday, October 17, 2009

calabozo practico decir -paro nacional 15/10/09-

Por Guillermo Rebollo-Gil

no hay que preguntarse una y mil veces
cuánta dulzura se le permitiría a la boca.
acaso superficies de café
y aguaceros
como verbos atortugados en hábito de pan.

nuestra encomienda será otro compartir no menos veloz,

una corazonada realmente,
a todas luces crustácea
y naranja.

cuánta dulzura en la boca para colmar de hombros
el pan, cosa viva, y hombro a hombro este calabozo
muy por debajo de nuestra superficie plena

y bien oliente.

cuánta dulzura se nos permitiría de poder disponer de ella
como crustáceos buscando acomodo
sobre filos de muerte
y compostura.

no hay que preguntarse qué nos detiene.
otro extravío nos arropa.

acaso superficies de café y aguaceros breves
pero con rasguños
como verbos colmados de pan en su mitad.

este calabozo, practico decir,
a todas luces crustáceo y naranja,
con cuánta dulzura se me permite,
una y mil veces.

15 de octubre de 2009

Por Aura Colón Solá





Panderos, consignas, pancartas y camisas violetas. Derecho UPR estuvo presente. Con aires de compromiso, solidaridad y hermandad hicimos la ruta desde nuestra alma máter hasta el re-definido centro de todo. Re-definido porque ahi se concentró la masa, ahi se expresó la masa y allí llegamos a apoyar la masa que lucha por sus derechos.

No lejos de allí presencié un acto de compromiso y valentía que nunca imaginé vivir. Lo plasmo es este escrito para todos aquellos que hoy me han preguntado, ¿Por qué lo hiciste?

Lo HICIMOS por compromiso. Bajo el sol candente de la tarde varios manifestantes se expresaron en las vías del expreso Las Américas. El olor a goma quemada y desesperación permeaba el ambiente y el canto de la Borinqueña reafirmaba la identidad. La masa estaba alterada por nueve meses de una administración nefasta que apenas comienza. La Fuerza de Choque, cual ballet coreografiado, comenzó su baile de formación. Las macanas y caballos bloqueaban toda salida del expreso y el helicóptero de la Policía sobrevolaba como ave de rapiña velando su presa. Los manifestantes estaban atrapados y a la merced de una orden. La tensión se encontraba a punto de ebullición. Aunque no estuve de acuerdo en la forma de la expresión, veía en los actos de los manifestantes la desesperación de un Pueblo que no sabe qué más hacer, cómo expresarse y cómo organizarse. Un Pueblo necesitado de líderes y que está dispuesto a tirarse a la calle para hacer valer sus derechos. Ante tal escenario, no pudimos dar la espalda.

No me canso de citar a Dante cuando escribió que "Los lugares mas calientes en el infierno estan reservados para aquellos que en momentos de crisis social, mantienen la neutralidad". En esos momentos tomamos una decisión dificil que nos pudo haber costado mucho más, una decisión que comprometía nuestro cuerpo. No nos acostamos en la brea candente como barrera entre la Policía y los manifestantes porque era el punto culminante de la lucha o porque apoyaramos la forma de la expresión espontánea, sino porque los manifestantes son el Pueblo y nosotros, inevitablemente, somos parte de él. Fue un acto de compromiso social con esperanzas de una resolución pacífica. Y es que, la lucha va más alla de la Ley 7 y los despidos, es una lucha que se compromete con los derechos colectivos y el forjar de una política pública responsable. Una lucha que se mantiene firme cuando el peligro está de frente y deja a un lado los individualismos.

Tratar de sacar a los manifestantes fue un acto colectivo que necesitó de la ayuda de personas como Erika Fontánez, Rafael Cancel Miranda y muchos otros. Entre éstos destaco a mi padre, Néstor Colón, que incesantemente continuaba ayudando a sacar a los manifestantes y creando consciencia colectiva para protegernos. De él y mi madre aprendí lo que es compromiso y aprovecho para agradecerles. La negociación fue exitosa. Las ocho filas de la Fuerza de Choque, la Policía montada y la guardia estatal no pudieron con el compromiso. Vi en mis compañeros la disposición de hablar, negociar y calmar la masa. Vi en ellos el ejemplo de lo que es, por definición, la desobediencia civil pacífica y cómo de ésta nacen los logros. Vi el comenzar y continuar de un movimiento social que pone en práctica todo lo aprendido. Vi en sus caras la valentía de decir ¡PRESENTE!

El 15 de octubre del 2009 no nos enfrentamos a la Policía, nos enfrentamos a la adversidad y ganamos. Ayer no era el momento de demostrar nuestra fuerza pero el triunfo llegará. Apenas comenzamos y exhorto a un movimiento masivo, unificado y organizado. Personas como éstas son las que generarán cambio social y las palabras no me dan para agradecerles su compañía y compromiso. Me siento tranquila al pensar que el país estará en buenas manos.

Alguna que otra reflexión sobre lo vivido ayer

Por Luis Alberto Zambrana




"The law was made for one thing alone, for the exploitation of those who don't understand it, or are prevented by naked misery from obeying it." (Polly Peachum en La Ópera de los Tres Centavos, de Bertolt Brecht y Kurt Weil (música))

Compañeros y compañeras, específicamente las y los miembros del Comité de Acción de Estudiantes de Derecho (CAED). Sé que en esta semana han sucedido eventos muy importantes no sólo en nuestro país, sino en nuestras vidas, y ayer entiendo que se pusieron a prueba, muy drásticamente, la organización, principios y efectividad del colectivo que con tanto ahínco han desarrollado. Lo que pude percibir ayer, desde que salió el grupo en la marcha hacia el punto de encuentro, fue una verdadera y duradera ráfaga de principios loables que demuestran la grandísima calidad de seres humanos que conforman la organización. Es una realidad que la profesión de la abogacía está atestada de egoísmos e intereses puramente individualista que, en un sistema económico político como en el que habitamos, se traducen en la conversión de esta profesión (inherentemente necesaria en una sociedad desigual) en un mero negocio bastante lucrativo, o con aspiraciones de serlo. Entendiendo este fenómeno tan común que suele crear una perspectiva de la profesión muy demacrada en la opinión pública, el CAED emerge como la escisión que no sólo cuestiona dicha percepción, sino que la niega de forma radical.

Desde sus comienzos, ustedes, estudiantes universitarios con un grado de conciencia social y responsabilidad dignificante enorme, decidieron no ser mera instrumentalización de una organización social y política con graves y lamentables problemas sociales e injusticias en muchas ocasiones oscurecidas. Sólo por inspirarse en principios de solidaridad, empatía y justicia, se merecen la más alta felicitación como la misma negación de la imagen del abogado y abogada sostenida por la opinión pública, en muchas ocasiones de forma justificada. Más aún, han hecho del CAED un elemento principal de su educación jurídica en la Escuela de Derecho que, lamentablemente, va cercenando espacios de reflexión y críticas en pro de una enseñanza cada vez más técnica y acrítica, como se puede evidenciar en los cambios de currículo y clases, así como en las perspectivas que se utilizan para impartir clases, con sus notorias y excelentes excepciones que, ni tengo que mencionar sus nombres, porque constituyen el corazón de un claustro responsable, crítico y comprometido. En vez de memorizar concepciones legales o disposiciones de ley, ustedes trascendieron ese ejercicio mecánico y auscultaron precisamente la fundamentación ideológica y política de disposiciones como la Ley 7, la Ley de las APP, las acciones estatales recientes y los métodos de participación y expresión de los ciudadanos y ciudadanas en una sociedad que aspira a ser democracia.

Al hacerlo, se posicionaron políticamente como colectivo con principios comunes, así como ideologías diversas, lo que principalmente enriquece los procesos deliberativos y las posiciones del grupo, haciéndolo un ejemplo de democracia participativa sin precedente en estos pasados años. Esta fue, y es, una muestra de responsabilidad ciudadana y universitaria de valía inconmensurable, que da cátedra de cómo debería ser un universitario comprometido especialmente con aquellas problemáticas sociales que necesitan de ayuda y, antes de eso, que necesitan ser vistas, oídas y entendidas. Y ante el miedo que suele infundir el calificativo de "ilegal", han sabido responder sabiamente entendiendo el Derecho, creo yo, mejor que tantos abogados y abogadas, incluyendo profesores y profesoras, como determinada institución y discurso social y político separado de lo que entendemos individualmente por justicia que, aunque no es un concepto genérico por su amplísima dificultad conceptual, sí tenemos trazos comunes de lo que significa en una sociedad como la nuestra. Al así hacerlo, han vinculado el Derecho, como institución, a la política y, a su vez, a la moral. Por esto, lo que presencié ayer fueron actos, debidamente deliberados dentro del grupo, que enfrentaron el derecho positivo y la situación jurídica actual mediante su negación misma, constituyendo actos ilegales fundamentados en principios de justicia y dignidad, lo que propicia el cambio del derecho positivo para atemperarse a los cambios inevitables de la sociedad.

Sin embargo, me quiero detener en un evento que no puede ser pasado por alto en la historia del CAED, porque no sólo me impresionó sobremanera al punto de jamás haber visto algo así en mi vida, sino que es la mejor prueba de lo valioso, organizados e importante, y necesario, de este grupo de universitarios y universitarias comprometidas. El último evento de desobediencia civil que se llevó a cabo no sólo fue una muestra de compromiso social inmenso fundamentado en principios claros de justicia social y compromiso político, sino una expresión de valentía como nunca la imaginé, no por dudar de la valentía de nuestros compañeros y compañeras, sino por la situación de peligrosidad que representaba para la misma integridad física y repercusiones legales que acarreaba. En un acto maravilloso y desprendido, estudiantes de Derecho se solidarizaron con manifestantes y desobedientes civiles ante un aparato absurdamente intimidante de parte del Estado, o sea, la fuerza policíaca y, más aún, la Fuerza de Choque, Operaciones tácticas y muy cerca hasta la policía montada. Este acto de solidaridad y desprendimiento, valiente por demás, los calificó como ciudadanos y ciudadanas protagonistas de la política en nuestra sociedad, enarbolando precisamente los principios que menos se valoran en nuestra palestra pública, y mostrando la esperanza de una nueva generación crítica que decidió no ser parte indiferente del sistema actual, sino llevar a cabo un papel protagónico en la esfera pública y política de nuestra comunidad.

Pero no sólo llevaron un acto políticamente precioso y que dio cátedra, de nuevo, de lo que es ser ciudadano y ciudadana, sino que también fue una muestra de democracia participativa excelsa, cuando, al percibir manifestaciones de otros integrantes que no eran cónsonas con los principios del CAED, entre el grupo se decidió qué acciones procedían y, al fin y al cabo, luego de parar la embestida de fuerza bruta de parte del Estado, con la titánica labor de la mediadora entre los manifestantes y la Policía, la profesora Érika Fontánez, a la que luego se le unió el Profesor Wiliam Vázquez y otros miembros mediadores, el CAED decidió no solidarizarse con actos violentos innecesarios que afectaron negativamente una expresión política jamás antes vista por este servidor. Esta movida política y crítica los engrandeció como colectivo y como líderes, cada uno de ustedes, en nuestra sociedad. En ese momento, que jamás sospeché, no pude sentir más orgullo, honra y alegría por lo que presenciaba.

Compañeros y compañeras, es un placer inmenso forjar una generación de ciudadanos y ciudadanas responsables, negando así la indiferencia tan burda que en muchas ocasiones crean las relaciones laborales y, cómo no, universitarias. Ayer fueron ustedes, los próximos abogados y abogadas, los que violaron la ley con la frente en alto, concibiéndose como personas con principios que trascienden el maniqueísmo peligroso e hipócrita de quien comprende las acciones políticas en sociedad dentro del marco miope del derecho positivo solamente, abstrayendo erróneamente la imbricación del Derecho con la Política. Tienen toda mi admiración y solidaridad, así como mi más alto respeto. Un placer conocerlos y estar viviendo esto.

Friday, October 16, 2009

Reflexión al CAED sobre la participación en los actos del 15 de octubre.


Cuando llegué al Expreso las Américas, mis compañeros y compañeras ya habían asumido su posición; estaban sentados en la brea entre dos masas. Unos, la falange de la División de Operaciones Tácticas formada en ocho filas, y otros, estudiantes y trabajadores convencidos de que hoy era el día en que se iban a redimir todas las desesperanzas del pueblo, pero desorganizados, e insubordinados ante cualquier llamado al raciocinio. La brea estaba caliente y los ánimos estaban más caldeados que el asopao que trajo la familia de Arturo el día del paro en la Universidad de Puerto Rico. ¿Miedo? Como quien sabe que es inminente el desenlace de la lucha del pueblo en las calles. Sobre ese sentimiento, el valor y el sacrificio de que nos enseñaron se compone la patria. Los compañeros del Comité de Acción de Estudiantes de Derecho, hacían llamados a la resistencia no violenta, a la desobediencia civil, unos cantaban la Borinqueña de Gautier Benítez y otros la de Rodríguez de Tió, acostados en la brea y encadenados de brazos.
Se levantaban varias interrogantes sobre el humo de los neumáticos quemados por unos cuantos que no entienden que la resistencia no-organizada a la violencia represiva organizada del estado, es el equivalente a sentir el látigo inclemente del leviatán de Hobbes sobre la espalda. (1) ¿Podemos tener control sobre una masa enardecida que ha renunciado al uso de la razón que requiere la negociación? (2) ¿Estamos dispuestos a comprometer nuestra integridad física para defender a una masa desorganizada que ha perdido el control a nuestras espaldas? (3) ¿Y ellos, nos tomarán en consideración como parte del movimiento al tomar sus decisiones?
(1) Cuando vimos a la División de Operaciones Tácticas llegar, y la profesora Érika Fontánez Torres fue a negociar con ellos, en primera instancia, tampoco querían negociar. En este sentido, no se diferenciaba la posición de la Policía, de la posición de l@s estudiantes y trabajador@s. ¿Cuáles son las diferencias? Tenemos un problema de insubordinación. A ellos les basta una órden, mientras nosotros tenemos que negociar con cada manifestante individualmente, y aún cuando tomamos una decisión colectiva por medio de asamblea; conocemos quienes son l@s cuatro o cinco compañer@s, que no saben lo que es someterse a la determinación del colectivo. No podemos pretender tener control sobre TODA la masa, pero la primera premisa es errónea porque dentro del movimiento estudiantil y trabajador, siempre hay compañer@s que no pierden el uso de la razón, con éstos, hay que razonar.
Luego de este proceso, estoy convencido de que la mayor parte de los compañer@s tomará y acatará la decisión más razonable. Nuestro deber debe ser siempre el plantear, como movimiento estudiantil, esa decisión más razonable. Tenemos que saber cuándo negociar, cuando no negociar y cuando es mejor ceder una posición, según los números y las circunstancias, tenemos que saber elegir nuestras batallas, y siempre hacerlo como grupo. Hay otr@s compañer@s, que por su insubordinación, se quedarán luchando solos, y lo harán a su propio riesgo.
(2) Cuando algunos compañer@s me llamaron la atención a lo que sucedía en nuestras espaldas (quema de neumáticos, enmascarados con palos y piedras provocando a la policía, etc.) mi primera reacción, fue querer sacar a los compañer@s de la primera línea de batalla. No me parecía justo que comprometiéramos nuestra integridad física por defender en primera fila a esa masa desorganizada que había perdido el control y la compostura. Luego de lograda la negociación por la Profesora Fontánez y el ex presidente de la UTIER, Ricardo Santos, los compañer@s del Comité de Acción de Estudiantes de Derecho trataron de hacer a la masa retroceder con una cadena humana, el intento fue fútil. No quedaba más que retirarnos y eso hicimos. Poco a poco, al menos en el lado del expreso que estábamos posicionados, l@s otr@s compañer@s hicieron lo mismo, y solo permanecieron en el lugar aquell@s que tuvieron problemas con la negociación, de nuevo, se quedaron solos. De esta manera no nos expusimos a ser “carne de cañón” defendiendo a un pequeño grupo de personas que había perdido el control y quería que todo el mundo lo perdiera. Si querían confrontación, que se enfrentaran cara a cara con la División de Operaciones Tácticas.
(3) En la medida en que planteemos la alternativa más razonable en momentos decisivos, y en la medida en que sigamos demostrando nuestra combatividad y compromiso consistentemente en las luchas que se avecinan, nuestra voz será escuchada y respetada por el resto de l@s compañer@s en lucha. Solo así llevaremos este movimiento hacia donde tiene que estar encaminado, a la victoria, con el resto del Pueblo de Puerto Rico, y en contra de la Tiranía.

por: Gamelyn F. Oduardo Sierra

Wednesday, October 14, 2009

Carta abierta a mis compañeros y compañeras de la Escuela de Derecho

Saludos a todos y a todas. Quiero felicitar a los compañeros y compañeras que se dieron cita el lunes y el martes en los predios de la Universidad de Puerto Rico. Son un ejemplo para este país que tan trasquilado y malogrado está. Sépase que los y las estudiantes no tienen miedo a la verborragia vomitada súbitamente sin ningún tipo de reflexión ni ejercicio crítico del pensamiento. Insisto en que Arendt hizo el mejor diagnóstico de la contemporaneidad: adolecemos del peor mal, crasa incapacidad de pensar.

Hay un escrito dando vueltas en la red que sostiene, a raíz de una (mala) aplicación formalista, que el acto performativo de cortar la Ave. Ponce de León frente a la estación Universidad del Tren Urbano fue un acto terrorista. El autor sostiene que fue potencialmente destructivo para la infraestructura del país y hace un llamado al gobernador de Puerto Rico para que active el poder coercitivo del Estado.

Esto no sólo es una distorsión de la realidad que nace de un análisis simple y superficial de lo sucedido en estos dos últimos días. Es una verdadera negación al principios democráticos que posibilitan el Estado de Derecho a quién el autor busca representar. La protesta, como condición de posibilidad del Estado democrático de Derecho, es un ejercicio ciudadano que no podemos permitir que se presente discursivamente como un acto riesgoso a los ciudadanos, ciudadanas y al país. Al contrario, lo que pone en riesgo a los ciudadanos y a las ciudadanas es el llamado irreflexivo al uso de la fuerza y la violencia para acallar, silenciar y destruir la disidencia. La historia, desgraciadamente, tiene innumerables ejemplos de puesta en marcha de maneras homogeneizadas de pensar donde la pluralidad de todos y todas se va ciñendo cada vez hasta convertir a los hombres y mujeres en un gran hombre/mujer masa. Así comenzaron las máquinas de exterminio y los muertos y las muertas los cargamos en la espalda.

Por eso, entiéndanse los y las que hacen un llamado a la represión interpelados, que sobre su consciencia cargará la responsabilidad de la represión, abuso policíaco, persecución y hasta posibles muertes que su llamado produzca. En la coyuntura actual, donde momentos fascista y totalitarios invaden a diario la cotidianidad, los análisis superfluos como el que circula por el espacio cibernético es una falta de responsabilidad y sensibilidad que apoya y abona a la legitimación del uso de la fuerza por parte del Estado pero que sobre todo denota un gran desprecio a la democracia.

Mariana Iriarte

Friday, October 9, 2009

Puerto Rico 2009: déficit democrático y partitocracia.



“In a democracy the poor will have more power than the rich, because there are more of them, and the will of the majority is supreme”.
-Aristóteles

Mucho antes que el genio de Carlos Marx expusiera su teoría sobre el materialismo histórico o que aquel carpintero judío arremetiera contra los mercaderes en el templo. Ya el viejo Aristóteles se había adentrado en la comprensión de la democracia como régimen político, esbozando sus componentes esenciales y describiendo el arreglo -siempre conflictivo- de los distintos elementos que le imprimen vida orgánica al sistema democrático. Contrario a la época actual, en la Grecia Clásica, no existían partidos políticos de acuerdo a como los visualizamos hoy en día. Amerita, entonces, insertar el fenómeno político del partido dentro de este análisis que pretende avanzar, al menos un paso, en el entendimiento del “status democrático” en que se encuentra we the people borinqueño.

Resulta ineludible comenzar por estipular que existe una honda ausencia democrática en nuestra Isla, cuyo reflejo más luminiscente se denota, en la manera que las decisiones “oficiales” emitidas por la oligarquía partidista crean rabia, desaprobación, confrontación violenta y malestar en nuestro pueblo antillano. Para ejemplos, dos botones bastan:

i. El pueblo emite un voto de unicameralidad y el partido no lo pone en vigor.
ii. El pueblo no quiere despidos pero aun así la oligarquía partidista despide.

Hablar de democracia acertadamente nos remite a que todo el conjunto del pueblo, entiéndase, cada ciudadano de cada barrio de cada municipio de cada región del País, tiene la facultad- si así lo desea- de expresar su apoyo o rechazo, a un grupo de personas que serán investidos con la función administrativa de la res publica (cosa publica), durante un periodo preacordado y limitado a una jurisdicción especifica; en adición, los elegidos tendrán la facultad de establecer y modificar la norma de conducta aplicable obligatoriamente a cada ciudadan@. No hay duda alguna que tales decisiones autorizadas tienen un impacto considerable en todos los ámbitos de nuestra fibra social.


El concepto actual de “partido político” proviene del contexto sociopolítico moderno de la Gran Bretaña que, a mediados del siglo XVI, se fraguaba el quehacer político en medio de luchas intestinales entre las facciones whig y tory. De otra parte, el partido lo compone un grupo de personas-constituida en facción- cuyo fin es ejercer o influenciar el poder del Estado para realizar un programa político de carácter general. ¿Qué efecto tiene sobre la noción de democracia cuando el partido(s) se convierte en la única correa de transmisión del “sentir” del pueblo? ¿Puede que con el pasar de las décadas, la correa partidista, acostumbrada a mandar, termine por estrangular el deseo del pueblo?

La realidad política es que, en ocasiones, la estructura política termina siendo controlada por alguna oligarquía partidista; capaz de asumir la soberanía efectiva de un país-en pos de afianzar y asegurar los intereses de una elite económica-dándose ahí, la conversión del régimen democrático en partitocracia u oligarquía partidista. Precisamente lo que ha ocurrido en el sistema político puertorriqueño.

En nuestra Patria no impera la democracia. Es más le diré algo que le caerá “como balde de agua fría”. En nuestro suelo antillano, la democracia, es la invitada de honor -siempre ausente- en el baile orquestado por los Partidos Históricos (PPD y PNP); quienes, han acaparado para si, todas o algunas ramas del gobierno, desde la década del 1940 hasta el presente. Es necesario insistir que la poca democracia existente en la comunidad (cuasi autónoma) del ELA, ha sido secuestrada de manera indefinida por los partidos históricos. ¿Cómo es posible que, un gobernante, elegido por poco más de un millón de votos (más de 200,000 votos de ventaja sobre el PPD) tenga nueve meses después, menos de 30% de aprobación ciudadana? A nadie le parece ilustrador el hecho que un estimado de 900,000 boricuas hábiles (inscritos y no inscritos) para emitir su voto en 2008, se decidieran quedar en su casa. En fin, existe un gran cuestionamiento a la gestión pública del Partido en el Poder, miembro de la oligarquía partidista, que no se arregla con una encuesta de $300,000 encargada a la empresa Gaither Internacional.

Ante este panorama general, cada ciudadana y ciudadano tiene que tomar una decisión individual que salpicará al resto de la colectividad:

…refugiarse en el confort individual y en la pasividad electoralista (“hay que esperar al 2012, no hay otra opción, nada se puede hacer”) vis. a vis. …sumarse a las manifestaciones y demás acciones concertadas que validan el derecho del pueblo a protestar cada una de las medidas y decisiones arbitrarias, irrazonables y perjudiciales articuladas por el gobierno. El pueblo en lucha tiene que enviarle un mensaje claro y directo a la oligarquía partidista: ¡Abusadores, basta ya!

¡Trabajo Digno y Democracia Soberana!

Por: Sergio Méndez Sánchez

(Nota Aclaratoria)
En el anterior ensayo se ha colocado el punto de enfoque, principalmente, en los partidos históricos y su azarosa relación con el concepto de democracia dentro de la comunidad política-semi autonóma- del ELA; intencionalmente, se ha obviado hacer un análisis sobre el status de la democracia en la dinámica,entre el Poder Federal y su aplicación sobre el sistema político puertorriqueño, ya que tal esfera, se encuentra dominada, no por la democracia, sino por el colonialismo y la dependencia económica; cuestión reconocida por todas las agrupaciones políticas en PR, incluyendo al sector estadista que aspira a integrarse en el sistema político estadounidense. Si aun así, el lector, tiene alguna duda de nuestra condición colonial, lo invito al análisis de lo siguiente:
(1) llamados “casos insulares” decididos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y la doctrina que emana de los mismos (PR como territorio organizado no incorporado al sistema federal y por ende, sujeto al Congress y a la Cláusula Territorial de la Constitución de los US;
(2) anejo de la Constitución del ELA titulado: Ley de Relaciones Federales...

S.M.S.

Wednesday, October 7, 2009

La derecha en ofensiva.


Con la creciente crisis económica en el país, se ha agudizado la polarización entre los sectores que tienen poder económico y los que no. El tiempo de hacer grandes reformas sociales y económicas ha llegado. El momento de decir adiós al sistema de gobierno—que ayudó cuando sólo había brecha para crecer, pero que ya no provee para más—ha llegado. Con ello, lamentablemente, ha llegado el resurgir de las posturas derechistas por parte de sectores económicamente dominantes en busca de mantener su integridad económica.

Lejos de proveer alternativas que promuevan un mayor balance en la repartición del capital, lo cual debería ser una reacción casi instintiva en el deber patriótico de buscar el bien común y la supervivencia colectiva, dicho sector esta ciegamente aferrado a sus intereses, poniendo al borde del colapso la estructura social y económica del país. El resultado es una situación en la que el centro se ha quedado solo y quienes no apoyan la política del gobierno de proteger los intereses de los “más afortunados que tú y que yo”, lo repudian con todas las fuerzas. Se ha creado entonces una atmósfera que prácticamente ha formado dos equipos en directa confrontación. Nada de titubeos ni de disfrazar acciones o expresiones, esto es una guerra declarada que parece decir: “Ustedes son pobres, no valen nada, no tienen poder, aquí mando yo, peleen lo que quieran que yo haré lo que yo quiera porque lo mío no me lo quita nadie.”

Esa directa confrontación que la derecha ha armado contra el país, se puede entender a raíz de la hegemonía que finalmente ha alcanzado esta. Tienen control del ejecutivo con nada menos que un gobernador de tendencias republicanas a veces tan conservadoras que casi quedarían fuera de la clasificación. Tienen un control masivo de la legislatura en donde ni si quiera quedan voces de izquierda como acostumbraba ser cuando el PIP ocupaba un escaño en cada Cámara. A conveniencia (excepto dos o tres), legisladores del PPD se alinean con la izquierda cuando están en minoría, aunque en algunas ocasiones asumen una postura “light”. También tienen las alcaldías—que extienden la política pública estatal hacia la municipal—dominadas por un sector altamente derechista. Finalmente, y lo cual me parece que es lo peor, el poder judicial está dominado peligrosamente por jueces con visiones conservadoras y a veces reaccionarias que ya podemos observar en decisiones del Tribunal Supremo que han revocado casos que ampliaban derechos y se encaminan a continuar este patrón de interpretación reduccionista, alterando el estado de derecho negativamente.

Así las cosas, la derecha hoy no contempla ninguna consideración a la hora de decir lo que pretenden hacer. Simplemente actúan como mejor les convenga, pues no hay estructura gubernamental que los cuestione. Hemos sido testigos por nueve meses, que podrían parecer siglos, de una ofensiva abierta y sumamente activa por parte de los sectores derechistas de nuestro país, quienes no creen en los derechos de los obreros, no creen en la protección del ambiente, no creen en el bienestar familiar y no creen en muchas otras cosas que creemos los que tenemos sentido común y nos preocupamos tanto por nosotros, como por el prójimo. En fin, sectores que con su visión personalista, pretenden acumular la mayor cantidad de poder posible, con el fin de tener ventaja en ese proceso desigual.

Su momento llegó, y lo están aprovechando al máximo. Comenzaron con la Ley 7, una ley dirigida a debilitar económica y moralmente al sector obrero del país. No solamente eso, sino que también está dirigida a poner al gobierno en condiciones de privatizar los servicios que ofrece. Mientras quedan cesanteados empleados, la ley provee para que empresas privadas puedan ser subcontratadas para cubrir los servicios que los despedidos ofrecían (ver aquí). ¡Vaya ahorro! A su vez, esta ley pretende dejar en un estado de vulnerabilidad al obrero poniendo sus condiciones de empleo en lo precario; el sueño de todo empresario neoliberal. Pone en suspenso la negociación colectiva, pone en suspenso la ley de personal, pone en suspenso los convenios ya negociados, pone en suspenso los aumentos de salario… bajo la justificación de que estamos en crisis, aunque irónicamente eso crea una crisis mayor.

Otro indicador de políticas de derecha lo son las Alianzas Publico Privadas. Descabelladamente pretenden impulsar una de las políticas más repudiadas administración por administración desde hace 20 años, a saber, la privatización, sólo que esta vez lo plantean por vía estatutaria como política pública oficial de la administración. Este concepto republicano se ha probado inútil en su ejercicio por otras jurisdicciones y lo trae esta administración como si fuera algo novel.

Como si fuera poco, nuestro ambiente se verá adversamente afectado por el casi aprobado proyecto de ley que reforma el sistema de permisos. Esta nueva ley, crea un sistema totalmente nuevo que pone casi en total control del ejecutivo la otorgación de permisos, ya que sólo deja que ocurra la revisión judicial por vía de certiorari al Tribunal Supremo, además de que crea mayor vulnerabilidad a la corrupción en cuanto a permisos, si se compara con el sistema actual que ya es muy vulnerable. Adicional, el proyecto busca dejar sin legitimación para llevar pleitos legales a muchas personas que actualmente pueden hacerlo.

Ante todos estos y muchos más asuntos, ahora también pretenden intimidar y criminalizar a las personas que queremos luchar en contra de estas políticas atropellantes. El Secretario de la Gobernación, un personaje que muchos pensábamos que era sólo parte de un triste episodio del pasado, regresa a la vida pública como abanderado de tropa y escudo del Gobernador. Viene a quemarse en nombre de Fortuño, sólo para quienes crean que sus expresiones no son suscritas por el Gobernador. Acusa al movimiento obrero de ser terrorista, lo que a su vez significa acusar de lo mismo a todos quienes nos oponemos al abuso. Rodríguez Ema va más allá, su intención es intimidar a las personas para que no se unan ni se solidaricen aduciendo a que se arrestará y se procesará con todo el rigor de la ley a quien entorpezca el curso de los abusos que están cometiendo. No cabe duda de que esto es una ofensiva clara y contundente por parte de quienes favorecen ideas de extrema derecha características de movimientos que han dejado saldos negativos a la humanidad.

Para culminar—pues son tantas las cosas que se pueden plantear, que se extendería demasiado este escrito—sólo quiero dejar claro que no debemos dejarnos intimidar y que este es el momento de dejarle saber a este gobierno que estamos en Puerto Rico, que aquí hay coraje y que el que intente dividirnos o intimidarnos como la administración Bush hizo con los estadounidenses, se equivoca. En Puerto Rico al pueblo se respeta y el que piense que podrá atropellarnos como le venga en gana sin que esto tenga consecuencias, que lo vuelva a pensar. ¡Cero tolerancia al terrorismo del estado! ¡Puerto Rico despertó! ¡Puerto Rico está de pie!

por Alvin B. Rodriguez Lynch

Tuesday, October 6, 2009

Vindicando la desobediencia civil como acción política.

Ha sido muy común, especialmente durante el siglo pasado y el actual, denunciar a mansalva el acto de desobediencia civil como aquel fenómeno foráneo al sistema constitucional de la mayoría de países de Occidente, que pretende exigir determinadas prerrogativas mediante medios ilícitos o meramente no tolerados por los Estados. Esta visión restrictiva del acto de la desobediencia civil, entiendo, mayormente se debe a una visión muy limitada de lo que es la acción política dentro de un ordenamiento normativo democrático. En otras palabras, que mucha de la opinión pública de los grupos detractores al acto mismo de desobediencia civil se enmarca en un estricto análisis que tiende a soslayar el valor político de la acción y expresión, y lo reduce a meros actos individuales de un colectivo que, al igual que el ofensor criminal común, debe ser responsabilizado por haber quebrantado el ordenamiento jurídico con acciones que se contemplan como abstraídas, en muchas ocasiones, de lo que es la participación y acción política. El entender y pensar la desobediencia civil de esta manera, no sólo es un error garrafal en sus términos, sino que es intentar impedir lo que es una cualidad intrínseca e inherente a la propia condición humana: el cambio.

Primeramente, creo pertinente comenzar por distinguir y contrastar lo que son acciones sumamente diferentes, aunque comparten características fácticas similares: las acciones criminales y las acciones de desobediencia civil. Para esta tarea me enfocaré especialmente en la enorme aportación que la pensadora Hannah Arendt esbozó en un lúcido ensayo que precisamente versa sobre la desobediencia civil, llamado exactamente así, Civil Disobedience (a continuación CD), que forma parte de una compilación de ensayos hoy conocida como Crisis of the Republic. Contrastando la desobediencia criminal de la civil, Arendt expresa que "Although it is true that radical movements and, certainly, revolutions attract criminal elements, it would be neither correct nor wise to equate the two; criminals are as dangerous to political movements as they are to society as a whole. Moreover, while civil disobediense may be considered an indication of a significant loss of the law´s authority (though it can hardly be seen as its cause), criminal disobediense is nothing more than the inevitable consequences of a disastrous erosion of police competence and power." (H. Arendt, CD, pág. 74), Por ende, mientras la desobediencia civil refleja un empobrecimiento sustancial de la normatividad a la que se dirige la acción y expresión, la desobediencia criminal, como la llama Arendt, se caracteriza por la falta de eficacia y efectividad de los organismos del Estado para procesar adecuadamente aquellas personas que por razones individuales han llevado a cabo actos reprochables tipificados por el Estado.



Sin embargo, hay una distinción que es aún más fuerte que la característica antes mencionada, y es la finalidad de ambas desobediencias que, y debe haber un consenso sobre esto, son actos que enfrentan la norma o la acción estatal de forma que la quebrantan. Mientras la actividad criminal se dirige, generalmente, a conseguir un efecto que beneficie individualmente a una persona o una serie de personas, sin un fin ulterior al mismo que pueda considerarse político, la desobediencia civil es un acto y expresión, de carácter eminentemente político, que pretende la restauración o preservación de un status quo ante una acción estatal que haya violentado injustamente el mismo, como lo sería la preservación de derechos concedidos bajo alguna disposición constitucional, por ejemplo, o el cambio normativo ante reclamos de justicia compartidos por un colectivo, lo que hace de la desobediencia civil un movimiento de masas. Si bien la acción criminal tiende a beneficiar al autor o autora de la conducta reprochable, la acción política de desobediencia civil, o sea, que se dirige a la esfera pública donde se lleva a cabo la política, y no se mantiene en el clandestinaje como la actividad criminal, tiene la pretensión de trascender la individualidad de sus miembros para convertirse en un reclamo de justicia social colectiva. Es por esta razón que un acto de desobediencia civil pretende ser público, o afectar la esfera pública, para llevar a cabo un reclamo no acogido por la mayoría imperante en determinada organización política, y esto lleva a reflexionar sobre las vías políticas estructurales que grupos sociales, muchas veces llamados minorías, ostentan en nuestra sociedad.

Para aquellos y aquellas que rechazan el cambio propuesto por minorías muchas veces no tomadas en cuenta en decisiones estatales, u oprimidas por ellas, es muy fácil encontrar un subterfugio donde se pueda validar el alegado sistema democrático en el que profesan vivimos hoy día. Para esos sectores, conservadores por definición, la estructura democrática representativa da espacios, sumamente limitados, para la participación de los ciudadanos y ciudadanas, y esos espacios son los que precisamente deben ser respetados, haciendo abstracción, lamentablemente, del pluralismo participativo que debería caracterizar un esquema democrático de gobierno. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estas vías son obsoletas y representan, hasta cierto punto, mecanismos estériles ante fuerzas o poderes mayores que se quedan intactos ante los reclamos de algunos y algunas?. Como bien señala J. Rawls en su magnum opus A Theory of Justice, definiendo el concepto mismo de desobediencia civil, arguye que "Is should also be noted that civil disobediense is a political act not only in the sense that it is addressed to the majority that holds political power, but also because it is an act guided and justified by political principles, that is, by principles of justice which regulate the constitution and social institutions generally." (J. Rawls, ATJ, Harvard University Press, pág. 365). Dado que en el esquema rawlsiano un régimen democrático razonable debería existir una concepción de justicia que guiara las acciones de los ciudadanos y las ciudadanas que son partes de la democracia, estos mismo principios de justicia son los fundamentos para resistir u obedecer las acciones estatales.

Por otro lado, aunque la definición de desobediencia civil de Rawls arroja luz sobre el acto político de la desobediencia civil, la abstracción fáctica e histórica, hasta cierto punto, de su esquema de teoría de la justicia, no permite arraigar esta actividad válida y democrática a los sistema gubernamentales imperantes hoy día. Brillantemente de esto se da cuenta Arendt cuando formula su definición de desobediencia civil, más amplia y, a mi entender, más acertada, que la de Rawls. Para Arendt "Civil desobediense arises when a significant number of citizens have become convinced either that the normal channels of change no longer funtion, and grievances will not be heard or acted upon, or that, on the contrary, the government is about to change and has embarked upon and persists in modes of action whose legality and constitutionality are open to grave a doubt." (H. Arendt, CD, pág. 74). Este pasaje refleja claramente uno de los problemas más vitales de una sociedad que se ve arropada por el poder de una mayoría y, de forma irónica en una llamada democracia, no tiene vías reales mediante las cuales pueda hacer valer sus reclamos. Es un ejercicio simplista y naive el pretender que la solución de estas minorías, como tantas veces se aduce en la palestra pública puertorriqueña y norteamericana, está en ejercer "mejor" el voto cada cuatro años, cuando es precisamente la "voz popular" de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas la que expresa coloquialmente "que se vota por el menos malo", o meramente ni se vota, porque "para qué", lo que implica el fracaso de una democracia efectiva.



Este sentido de derrota política individual es un síntoma más de una estructura democrática que en realidad ha obstaculizado y vetado espacios de participación directa de aquellos ciudadanos y ciudadanas que son miembros de la comunidad. Esta idea, enclavada en la ficción de contrato social, ha sido en múltiples ocasiones cuestionada y criticada, pero hoy día ha quedado intacta. Si bien el consentimiento necesario para pactar una obligación contractual necesita de la voluntad de una parte capacitada para obligarse, las versiones contractualistas, especialmente aquellas vinculadas a Rousseau y Locke, suelen adolecer de una contradicción según la obligación pactada va novándose subjetivamente. En otras palabras, que el consentimiento dado por los "padres fundadores" de una organización republicana de gobierno como lo es Estados Unidos de América, teóricamente, no así de forma legal, no es el consentimiento de aquellas generaciones que nada tuvieron que ver con la negociación del pacto social. Sin embargo, el que no sea voluntario este consentimiento no quiere decir que no se es parte de un consentimiento histórico y legal muchas veces denominado como consentimiento tácito. En términos existenciales, como nos ilustra Arendt, el disentir implica directamente la pertenencia a determinado consentimiento tácito histórico en el que no fuimos partes voluntariamente, sino por nuestra condición existencial de haber nacido en una organización social específica. Sin embargo, este consentimiento tácito a pertenecer a determinada sociedad, característica inherente de la condición humana, no quiere decir en lo absoluto que se haya consentido tácitamente a obedecer las leyes y normas estatales creadas por la organización política que nos dirige.



En un revelador y certero pasaje sobre la estructura política estadounidense de la mitad del siglo XX, Arendt menciona que "Representative government itself is in a crisis today, partly because it has lost , in the course of time, all institutions that permitted the citizens´ actual participation, and partly because it is now gravely affected by the disease from which the party system suffers: bureaucratization and the two parties´ tendency to represent nobody except the party machines." (H. Arendt, CD, pág. 89). Lamentablemente esta realidad es evidente en una mayoría de países a nivel mundial hoy día, donde bajo el palio de principios democráticos en su modalidad representativa, y la fuerza inmensa que ejercer los sectores realmente poderosos en estos países, o aquellos sectores con capital suficiente para ejercer una presión política casi absoluta, tienda a oscurecer no sólo los ámbitos y espacios públicos, sino las vías de participación ciudadana en la toma de decisiones que van a afectarle directamente. Pero este tema en específico será abordado en otro momento.

Continuando con la concepción de consentimiento tácito inherente a la condición humana expresado por Arendt, es propio mencionar que es iluso pensar que la desobediencia civil, como acto político, se pueda entender y pensar a través del marco legal mediante el una grandísima mayoría lo suele interpretar, tan fácil como decir si determinado acto es legal o ilegal. Está muy claro que este problema no es exclusivo de un ordenamiento jurídico particular como el estadounidense o el puertorriqueño, sino de la misma naturaleza de la ley en general, que ciertamente no puede justificar la violación de sí misma, cayendo entonces en una contradicción en los términos que la invalidaría a sí misma. Pero para justificar la presencia misma de la disidencia y la desobediencia civil en un sistema democrático como el estadounidense, Arendt se vale de la concepción de "espíritu de las leyes", basado en la teoría de Montesquieu, para clasificar el consentimiento tácito como el espíritu de las leyes en Estados Unidos de América. Al hacer esto, no sólo está abandonando el camino miope del análisis meramente jurídico del fenómeno masivo de desobediencia civil y el acto de disentir, sino que está imbricando vehementemente el ámbito político y el legal. Y en una muestra más de sagacidad intelectual, también nos informar que esa desobediencia civil, enmarcada en un consentimiento tácito que suele ser el espíritu de las leyes en Estados Unidos de América, es un mecanismo ideal para contrarrestar la prohibición legal de revisión de cuestión política en un foro jurisdiccional, especialmente en el más alto foro apelativo de la Rama Judicial estadounidense.

Es de conocimiento generalizado que el Derecho, precisamente con el déficit democrático anteriormente mencionado, suele quedar relegado ante cambios sociales muy poco representados por los alegados representantes de los ciudadanos y las ciudadanas, y también que las decisiones de un foro jurisdiccional último, como fuente de derecho, suelen responder en muchísimas ocasiones a la violación expresa de normas que van quedando caducas por su inadecuada existencia ante los cambios sociales acaecidos. Ante un panorama como este, si jamás se hubieran llevado a cabo actos de desobediencia civil en en la jurisdicción estadounidense, para dar un ejemplo más que evidente, probablemente no se hubieran puesto en vigor las amplias e importantes disposiciones de la Enmienda XIV de la Constitución federal respecto a la comunidad negra del sur de Estados Unidos, aprobada aproximadamente cien años antes como parte de los efectos de la victoria del norte sobre el sur en ese país. Aquí en Puerto Rico también estamos familiarizados con actos de desobediencia civil que fueron vitales para llevar a cabo la lucha en contra de las prácticas, completamente legales, pero tremendamente injustas y opresivas, de la Marina de Guerra de EUA. En aquella ocasión un colectivo lo suficientemente importante decidió públicamente violar una ley que entendían era fundamentalmente injusta. Ahí, los manifestantes dejaron ver su participación en la sociedad, su pertenencia al consentimiento tácito mediante el cual emergen estas estructuras de gobierno democrático, al disentir la normatividad del ordenamiento jurídico de la jurisdicción, lo que los llevó a enfrentar el peso de la mirada realmente ciega y restrictiva de los foros jurisdiccionales cuando de actos políticos se trata.


Como se ha expresado en el transcurso del comentario, el acto político de desobediencia civil, con quizá la misma peligrosidad del derecho a la reunión pacífica resguardado por sendas constituciones aplicables a la jurisdicción de Puerto Rico, está validado como actividad concretamente política al entender que ya que somos parte de un colectivo con determinadas promesas que, voluntaria o involuntariamente, nos afectan y por nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas nos atan, necesitamos levantar vías alternas a las que nos da el Estado, con los problemas fundamentales graves antes mencionados, para ser escuchados como ciudadanos y ciudadanas, e intentar acceder a un ámbito político en los que nos veamos realmente como iguales, y no en una arquitectura gubernamental donde nos veamos como minorías oprimidas por una mayoría que toma el báculo del Derecho para crear más desigualdad en nuestra sociedad. Rawls tiene toda la razón del mundo cuando determina que el reclamo expresado mediante la desobediencia civil es un reclamo insertado y fundamentado en principios de justicia, que varían de cultura en cultura y de momento en momento, pero lo cierto es que, como bien señala Arendt, dada las vías obsoletas de participación ciudadana en nuestros gobiernos, la desobediencia civil es un elemento clave para atemperar el cambio, otra cualidad inherente a la condición humana, con los mecanismo de poder que utiliza el Estado para mantener controlada una sociedad. Por esto, la desobediencia civil probablemente sea el vehículo que le dará a una minoría con reclamos de justicia una posición digna para poder ser de verdad ciudadanos y ciudadanas.

Por: Luis Alberto Zambrana

Urge la Gestión.


Un padecimiento de décadas asedia a nuestro país. El largo cúmulo de malas decisiones y desaciertos de la clase dirigente del país nos pasa factura en forma de una profunda crisis económica y social. Las tazas de desempleo, pobreza y criminalidad alcanzan niveles alarmantes. Ante dicho panorama impera la ausencia de liderato, la falta de opciones y la carencia de nuevos enfoques y abordajes a nuestros problemas.
Como respuesta a los embates de la crisis, se utiliza a la clase obrera y trabajadora del país como escudo protector. Se le ahoga con impuestos (IVU), le niegan derechos adquiridos, incumplen con sus convenios colectivos y se despide masivamente a los empleados públicos (ley 7). Dichas políticas dejan como saldo el desmantelamiento sistemático del gobierno, particularmente en áreas que brindan servicios al pueblo como por ejemplo las Comunidades Especiales, la Procuraduría del Paciente, el Departamento de La Familia, la Procuraduría de Las Personas de Edad Avanzada, el Departamento de Educación y Emergencias Médicas entre muchos otros.

Junto con el desmantelamiento del gobierno, se asoma la amenaza de la privatización encarnada en proyectos como el de las alianzas público privadas y la reforma de permisos. Se trata de la renuncia gubernamental de sus capacidades regulatorias y fiscalizadoras sobre las acciones del sector privado. Principalmente allí donde más peligroso es, en donde su actividad es financiada con fondos públicos. Se implementa a destiempo histórico la ya falseada premisa de superioridad del sector privado sobre el público. La codicia desmedida, la falta de transparencia en los procesos y la corrupción han sido el elemento común de estos experimentos, en Puerto Rico, Estados Unidos y el resto del mundo. La elitización de nuestros espacios, el desplazamiento de nuestras comunidades y la desregulación de la “pemrisología” se suman a este tétrico cuadro general.

Ante esto las voces de alerta y disidencia son atendidas con mucha seriedad: a) son células terroristas (Rodríguez Ema), b) son minorías que no votaron por el partido en poder (Fortuño) o, c) simplemente “Such Is Life”(Jaime González).

Encaminado está un modelo corporativo de país cuya gestión gubernamental se hace exclusivamente en base a un análisis de costo beneficio; en donde las necesidades del ciudadano común son sacrificadas mientras que unos pocos se enriquecen del erario público. La necesidad, la injusticia y la inequidad acrecientan ante la ausencia de voluntad política y sensibilidad a los reclamos del pueblo. Para acabar con esta grotesca realidad, se requiere un estudiantado comprometido con el cambio social. Hoy conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje respecto a los problemas esenciales del país. Una actitud y un lenguaje enemigos del silencio pasmoso y propios de la gestión. Como estudiantes de la Universidad del Estado, debemos asumir la responsabilidad indelegable de emplear nuestro conocimiento y destrezas para el bien del colectivo que posibilita nuestra educación.

06/10/09
Por: Alejandro Suárez Vincenty

Friday, October 2, 2009

La Universidad Totalitaria.


Se ha vuelto costumbre la redefinición de conceptos para significar procesos participativos y prácticas democráticas. No es que la decisión de cerrar los portones haya sido la mejor o si se debe o no redefinir la manera de la protesta. Se trata de la incapacidad de un sector en respetar la decisión de una asamblea soberana. Sostener que el acto performativo de cerrar los portones es una práctica totalitaria supone, cuanto menos, un error conceptual y un desconocimiento histórico de los totalitarismos del siglo XX.

Hay personas que afirman que las asambleas estudiantiles son secuestradas fácilmente. Los y las estudiantes somos manipulables, porque como buenos y buenas boricuas les gusta el baile, la botella y la baraja. Detrás de este análisis cómodo y superficial, de quién parece haber ojeado recientemente a Memmi, subyace la soberbia y la arrogancia: “ustedes, la plebe, no están capacitados para decidir porque la plena se les mete al cuerpo y se olvidan del resto”. Esta premisa escondida tiene una conclusión escondida: las decisiones deben ser tomadas por dos o tres, esos y esas cuya sangre no se enciende al ritmo de la plena y saben cuál es la mejor manera de oponerse a las fuerzas opresoras.

Los platos rotos los paga la izquierda. Acusada, mínimo, de no fomentar el debate y la participación. Ahora, cuando el debate y la participación se dan, rápido se señala que fueron dominados por el fanatismo y el éxtasis. La decisión tomada por el estudiantado no cuenta porque fue producto de la emoción; actitudes paternalistas [y maternalistas] como estas son las que caracterizaron a los verdaderos movimientos totalitarios.

Es cierto que debemos rescatar la Universidad y convertirla en un espacio de debate y discusión. Es cierto que el estudiantado tiene la capacidad de convocar y realizar actividades que estimulen el pensamiento crítico desarrollando herramientas para la contribución social. Sin embargo, no podemos, tras la máscara del derecho a estudiar, enajenarnos de la realidad y apoyar prácticas que coartan la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Hacerlo es caer una crítica estéril que no adelanta nada sino divide y desune al colectivo, pieza clave en la construcción de otro país.

A menudo se cae en un análisis simple, poco riguroso, extremadamente “Light” para defender el derecho a la educación y se sostiene que el cierre de portones por un grupo que impide ingresar a quienes pagaron la matrícula no es justo. Una vez más el simplismo reduccionista emerge imparable y pone a funcionar a la Universidad del Estado como una corporación más. Nada más lejos de la realidad, la Universidad de Puerto Rico es subvencionada en más de un 90 porciento por el Estado, como tal debe tener como deber principal formar una ciudadanía comprometida con Puerto Rico, no seres alienados y ajenos de país.

Hay diferentes espacios desde los cuales se puede hacer mucho. La oposición entre la teoría y la práctica es una de décadas pasadas. Tomar la Universidad “académicamente” hablando y cerrar los portones son dos formas diferentes de configurar el derecho a la protesta. Acusar a los y las intelectuales de caer en la inacción es una crítica tan yerma como sostener que cerrar los portones es un práctica totalitaria. Justamente la condición de posibilidad de los totalitarismos ha sido el hombre y la mujer masa, ese que ocupa el espacio pero que no está con los otros/as en el mundo, simplemente porque sólo le interesa el bienestar individual.

Por eso, los y las estudiantes no sólo debemos demostrar que la Universidad es “nuestra” (la Universidad es del pueblo de Puerto Rico) sino también comprometernos a respetar las decisiones que democráticamente se toman aún cuando no estemos de acuerdo con ellas. Desarrollar talleres que promuevan y fomenten la participación es una alternativa para que otras voces puedan ser escuchadas en próximas asambleas. Invalidar las prácticas democráticas porque surgen del éxtasis y el fanatismo es contribuir a crear una Universidad arropada de totalitarismo.

por: Mariana Iriarte

*NOTA: Este escrito responde a una columna publicada recientemente en el Nuevo Día la pueden ver en aquí http://www.elnuevodia.com/voces/620864/

Thursday, October 1, 2009

Apología a la crítica.



De pequeño nunca entendí la risa con lágrimas que soltaba Mafalda en la tirilla de Quino cuando la madre le explicaba el significado de democracia. Hoy por hoy sigo sin entender, ¿porqué la risa?.

La expresión política del voto valida la democracia, por tanto, es el pueblo quien valida el gobierno para que tutele el porvenir y regente la democracia. Somos nosotros lo que tenemos la autoridad de aquilatar de poder a los que sazonan la crisis, y lo hacemos. La crítica también la empleamos, curiosamente luego de haber elegido y en ocasiones contra quien mismo elegimos: la emprendemos contra el consentimiento. En todo caso nuestra elección es siempre voluntaria. Si no nos sometemos al proceso por considerarlo una “ imposición consultada”, lo hacemos voluntariamente y la emprendemos contra el sistema, al final, siempre criticamos.

La crítica a veces impacta y a veces no, aún así es importante, no es que sea futil, es que no fragmenta, o por lo menos la rudimentaria pasividad de despecharse en el balcón, con un grito, no. Por eso escribo, porque hacemos falta. Esta carta y la indignación. El poder necesita de oposición, sin ella no hay justificación para mostrar el autoritarismo como democracia. Por tanto, mi crítica cumple una doble función: plasmo lo que entiendo incorrecto como una clara oposición a lo que ha sido establecido restrictivamente mediante leyes y jurisprudencia (como el sabueso que digilencia ordenes de cateo con el olfato) y hago que la política pública que es privada se concretize con una muy necesaria dosis de expresión contraria.

Esta doble aportación mía-que es de muchos- continúa, y es que este gobierno democrático ha institucionalizado una estructura entre el marco peyorativo de la acción progresista de cambio, y la frágil postura del clasismo. Son los únicos que pueden mantener con éxito el “populismo elitista”, en teoría imposible de concebir y en la práctica capaz de existir: un gobierno que excluye a las masas y dirige sus esfuerzos para un sector privilegiado mientras radicaliza discursos con corte social. Se da por entendido y no se explica. Quien lo explica se va, como Jaime, el “such is life” y su Ribiera del Caribe.

El pueblo en general, en específico los abogados y los que estamos en camino a serlo no nos podemos quedar callados, cuando una ley es inmoral su desobediencia es un deber ético, y cuando una ley es coercitiva su desobediencia es un deber, punto. La desobediencia civil de la ley injusta es un acto de valentía. Así como una ley anacrónica se caduca en práctica, una ley o una jurisprudencia que se vuelva represiva al sentido de lo que es correcto debe recibir nuestra mas cálida crítica, una resistencia ejemplar, el antagonismo debe ser marcado para que aunque no caduque su obligación y aplicabilidad, tenga repulsa, de nosotros: una muestra de pelota de vergüenza.

por: Arturo Otlahui Ríos Escribano